Pese a los esfuerzos del
marketing oficial por mostrarlo como un partido moderno y moderado, el ADN de
la derecha reaccionaria parece estar firmemente instalado en el PRO y de cuando
en cuando se traduce en actos que revelan una esencia profundamente
antidemocrática, al menos de algunos personajes. La muestra más acabada la dio
hace unas semanas el titular de la
Aduana , Juan José Gómez Centurión, cuando negó el número de desaparecidos en la última dictadura cívico-militar; pero también en Río Negro
tenemos lo nuestro.
A partir de una serie de
maniobras plagadas de irregularidades y denuncias que culminaron con una
asamblea dudosa, el grupo de exPPR liderado por Claudio Lueiro se hizo del
control del macrismo provincial. De acuerdo con lo poco que trascendió a los
medios por boca de fuentes cercanas al el exlegislador por el partido
fundado por el general Roberto Vicente Requeijo (exgobernador de facto durante
la dictadura de Onganía), Lueiro quedó posicionado como virtual presidente del macrismo rionegrino con plenas facultades para designar a los integrantes de diversas “comisiones asesoras” que reemplazarían a los órganos partidarios.
La convocatoria a asamblea para
el sábado 18 suscitó polémica durante toda la previa, con fuertes cruces entre
sus promotores y sus detractores. Hubo quienes calificaron esta reunión como un virtual golpe de Estado a la orgánica partidaria, como el asambleísta de Allen Miguel Martín, quien advirtió que la convocatoria no se había hecho con la
antelación suficiente y acusó a Lueiro y al exagente de inteligencia durante la dictadura Ricardo Vélez de “querer ir por el costado con una asamblea sin
consenso”.
Incluso, Miguel Martín acusó al
gobernador Alberto Weretilneck de estar detrás de esta maniobra –en un claro
intento por dejar al PRO fuera de la cancha- al referirse a “versiones que
señalan que Lueiro y Vélez cobran del gobernador a través de la Legislatura ”.
Con todo este mar de fondo fueron
muchos los referentes del PRO que optaron por no asistir y por despegarse lo
más posible. La propia presidenta del partido, María Piedrabuena, se quedó en
su casa y se mostró junto al diputado nacional Sergio Wisky durante el
“timbreo” que Cambiemos llevó adelante en la mañana del sábado al mismo tiempo
que se realizaba la asamblea. “Para nosotros la política se hace cara a cara con los vecinos y no entre cuatro paredes”, escribió el legislador nacional en su cuenta de Twitter en un claro mensaje a los asambleistas sediciosos.
Tampoco estuvieron en Dina Huapi otras de las caras más
prominentes del macrismo provincial, como el coordinador del Ministerio del
Interior para Río Negro, Juan Martín, que salió a timbrear en General Roca; o
el intendente de Cipolletti, Aníbal Tortoriello.
Pese a este vacío en la mañana del sábado se llevó a cabo
la reunión, con tantas o más sospechas que las que reinaron en la previa,
incluyendo el cambio a último momento de la sede de la reunión, inicialmente
convocada en Bariloche y luego trasladada a Dina Huapi.
Pero quizás lo más grotesco del día fue la situación que vivió
un escribano de Dina Huapi que se acercó a la reunión a pedido de un afiliado
local al PRO preocupado por la legalidad de la convocatoria. Cuando el escribano
intentó ingresar para identificar a los presentes y constatar su legitimidad
como integrantes de la asamblea, Ricardo Vélez le impidió el acceso
argumentando que se trataba de “un acto privado interno del partido político”.
Todo esto quedó plasmado en un acta notarial que ya obra en poder de las
autoridades nacionales del PRO.
Lueiro se ocupó de deslizar que había logrado un consenso
de los cuatro quintos de los 26 miembros del órgano partidario, mientras que
otros afirman que no hubo quórum ya que apenas se presentaron diez
asambleístas. Para colmo, el misterio sobre la real asistencia a la asamblea se
abona con la falta de imágenes de la misma a excepción de una foto borrosa y
oscura tomada en el restaurant de un hotel de Bariloche donde se ve más comida
que personas.
Tampoco se dio a conocer el acta de la asamblea ni sus
firmantes, lo cual alimenta todo tipo de versiones. En la tarde del sábado se
pudo saber que varios asambleístas ausentes habrían recibido llamados
telefónicos de Lueiro y Vélez para avisarles que en los próximos días les
llevarían el acta a sus domicilios para que la firmen. Incluso, cundió el
pánico al extenderse la versión de que para este trámite se apelaría a algunos
muchachos de mano pesada.
“Eso es delito federal”, le habría advertido a Lueiro y
compañía un abogado barilochense, refiriéndose a la posibilidad de que se
falsifique el quórum añadiendo firmas luego de la asamblea. Todo un preanuncio
de una sangrienta batalla judicial que hará desfilar por Tribunales tanto a los
promotores de la reunión como a quienes terminen firmando el acta.
Todavía está por verse cuál será el destino de este
gobierno de facto encabezado por Claudio Lueiro, y si logrará suplir en el
ejercicio su falta de legitimidad de origen. Por el momento, más allá de las
operaciones cruzadas, nadie se manifestó públicamente a favor o en contra del
régimen lueirista.
Quienes al parecer estarían dispuestos a reconocer
rápidamente a Lueiro como líder del PRO son Darío Berardi, Daniel Sartor y el
radicalismo “que se rompa pero que no se doble”, que venían masticando bronca
porque la construcción de Cambiemos pasa cada vez más lejos de los comités
–algo que consideran una herejía imperdonable- y buscaban sentarse a negociar
con interlocutores que creen en la partidocracia tal como la conciben en la
centenaria expresión política que cosechó el 3 por ciento de los votos la
última vez que se presentó a elecciones con sello propio.
Incierta es, en cambio, la postura que tomarán los
referentes del macrismo que no asistieron a la reunión convocada por Lueiro y
las autoridades nacionales del PRO, que lo menos que quieren es un nuevo
escándalo que termine perjudicando a todo el espacio.
El año electoral recién comienza, pero ya está que arde.
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